CANDIDATOS BAJO AMENAZA

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Buscar un cargo de elección popular en algunas regiones del país se ha convertido en un acto casi suicida. Diversos candidatos que se han postulado para los próximos comicios han sido atacados, amenazados o extorsionados. Algunos, incluso, han renunciado a sus aspiraciones

“Fue como en una película de sicarios; arrodillado y apuntándome por atrás. Me ataron de manos y de pies con cinta canela y después de haber hecho una casa un desastre, se fueron”
Alberto Merlo Martínez
Candidato independiente en Puebla
“Es un mensaje que trata de intimidar, de meternos miedo a nosotros, a los ciudadanos que acuden y decimos no lo van a lograr”
Natalia Rivera Grijalva
Secretaria General del PRI
“Un protocolo así tiene muchas complicaciones porque se debe definir a quién cuidar, a los que ya han sido amenazados o a los que, por las circunstancias del propio municipio, podrían ser también amenazados”
Gerardo Maldonado
Investigador del CIDE
17
entidades tendrán elecciones este 7 de junio
2,179
cargos públicos están en disputa

“Hola Beto vas a valer madres”.

Ese fue el mensaje que Alberto Merlo Martínez encontró pegado en la puerta de su casa.

El estudiante de Ciencias Políticas se encontraba haciendo las gestiones para convertirse en candidato independiente por la diputación federal del Distrito VI de Puebla.

Habían sido semanas de acoso, por eso no le dio importancia a la nueva amenaza.

Entró a su casa, su cuartel político, a hacer sus actividades junto con otras compañeras de campaña.

Era 11 de marzo. Minutos después, tocaron a la puerta y una mujer preguntó si le podían brindar asesoría jurídica. Cuando abrió, tres hombres armados entraron por la fuerza a su domicilio.

“Fue como en una película de sicarios; arrodillado y apuntándome por atrás. Me ataron de manos y de pies con cinta canela y después de haber hecho una casa un desastre, se fueron”, relató el joven de 23 años.

Tras los hechos,  Alberto presentó la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia estatal y aseguró que eso no frenaría su intención de llegar a San Lázaro.

Esta historia se une a la de varios candidatos que, apenas iniciada la campaña, ya han recibido amenazas.

No es un caso aislado.

En distintos lugares del país, aspirantes a cargos de elección popular o miembros de sus equipos han hecho públicas las intimidaciones de las que han sido objeto.

Ante este fenómeno, el Instituto Nacional Electoral (INE) solo ha actuado como intermediario en las peticiones de seguridad que han realizado los candidatos.

La Secretaría de Gobernación (Segob), encargada de evaluar cuáles son los candidatos que requieren seguridad, ha reconocido que no se tiene capacidad para cuidar a todos los aspirantes.

“Nosotros no podemos darles seguridad a todos los candidatos postulados en el país. Sí lo vamos a hacer en algunos estados y en lo que se refiere a candidatos a gobernador”, indicó el titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong.

Sin protocolos

Durante el proceso electoral del 2009, cuando México vivía uno de los picos de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, la violencia contra los candidatos a un puesto de elección popular escaló.

¿Intimidación o extorsión?

Las agresiones que han sufrido los candidatos a un puesto de elección popular en diferentes partes del país buscan, en algunos casos, intimidarlos y obligarlos a abandonar sus aspiraciones políticas.

En otros, se trata de agresiones para intentar extorsionarlos y obtener algo del dinero de las prerrogativas que los aspirantes obtienen para el desarrollo de sus campañas políticas.

Cuando los sujetos armados entraron a la casa del candidato independiente Alberto Merlo Martínez, en Puebla, no se llevaron nada ni lanzaron una sola palabra de amenaza.

No hubo necesidad, los hechos hablaron por sí mismos. Encañonado en el piso de su casa no necesitó escuchar nada más.

Los sujetos se dedicaron a destruir el mobiliario: rompieron closets, cajones, y puertas.

“Estas personas aparentemente venían buscando algo, pero no dijeron qué. Me dijeron algo de un supuesto dinero, pero yo no tenía idea de qué me hablaban”, narró Alberto.

Ese hecho fue la culminación de una campaña de acoso en su contra, que comenzó un mes antes, cuando anunció su intención de ser candidato independiente.

“Desde el 16 de febrero, que yo doy rueda de prensa, anunciando que ya cumplí con el requisito de las firmas y de todo lo demás y solicité mi registro como candidato independiente, es cuando se desata una ola de violencia contra mi persona y que ya trastoca mi entorno personal.

“Gente vigilando mi domicilio, mi línea intervenida, la de mi madre, la de mi novia, las de mi gente cercana. Personas que nos siguen, tanto a pie como en carro, que las tenemos identificadas”, afirmó el candidato.

Alberto denunció los hechos al ministerio público y los notificó a la Junta Distrital del INE.

Fue Armando Betancourt, presidente de la Junta Distrital número VI, quien solicitó el apoyo de las autoridades para darle protección al candidato independiente.

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla contestó en un oficio que estaba imposibilitada para darle protección a Alberto Merlo Martínez.

“Nos vemos reducidos de elementos policiales así como de unidades oficiales”, dijo la autoridad.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla respondió con otro oficio en el que aseguran que espera la orden de un superior jerárquico para brindar protección al candidato. Esa orden no ha llegado.

Para Alberto, la agresión en su contra tiene un trasfondo político; aunque no se atreve a hablar sobre sus sospechas de quién es el autor intelectual.

Agresiones generalizadas

Luego de las agresiones sufridas algunos  aspirantes en las elecciones han abandonado la contienda.

Apenas ayer, un nuevo ataque contra una candidato se registró en Sonora,

La víctima fue la aspirante a la gubernatura por el PRI por la Claudia Pavlovich Arellano.

La casa de campaña de la candidata fue atacada con canicas. La agresión dejó  15 hoyos en los cristales del área de Gestión Social.

“Encontraron pedacería como canicas, como catotas”, dijo a Reforma la secretaria General del PRI e integrante de la campaña de Pavlovich, Natalia Rivera Grijalva.

En Morelos, el propio fiscal del Estado, Rodrigo Dorantes, reconoció que se han registrado 10 casos de ilícitos cometidos contra candidatos a un cargo de elección popular, personas cercanas a ellos o instalaciones de partidos políticos.

En esa entidad, seis candidatos a diversos cargos renunciaron a su aspiración tras recibir llamadas telefónicas donde se les extorsionó y los amenazaron de muerte.

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